Apuntes sobre represión, capitalismo y vanguardia revolucionaria en el Estado español

1. Caracterización política y económica del Estado español

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El Estado español, en lo económico, es uno donde el capitalismo ha alcanzado el desarrollo imperialista, la fase superior del capitalismo, en el que las posiciones predominantes de la economía las ocupan, en todos los sectores productivos, unos pocos monopolios (los más poderosos, incluso, tienen gran proyección internacional y actividad imperialista, sobre todo en Latinoamérica). Asimismo, predomina la forma financiera del capital y, por tanto, la hegemonía de una fuerte y poderosa oligarquía financiera.

Quizás, el caso más claro de este tipo de monopolio imperialista de sello “español” sea el de Telefónica, quinta compañía de telecomunicaciones del mundo en tamaño e importancia, que teniendo su sede y principal actividad en el Estado español, extiende sus tentáculos de manera abrumadora a Brasil, Perú, Argentina, Venezuela, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Guatemala y Nicaragua y va introduciéndolos en Alemania, Eslovaquia, República Checa, Reino Unido e Irlanda. Además, como monopolio imperialista paradigmático, su capital es financiero (fusión del capital industrial y el bancario), ya que entre sus principales accionistas se encuentran el Banco Bilbao-Vizcaya Argentaria (BBVA), la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, Criteria Caixa S.A. y el BNP Paribas, entre otras corporaciones bancarias y grupos de grandes accionistas privados.

De modelo similar están también monopolios tales como las petroleras REPSOL y CEPSA, las eléctricas ENDESA e Iberdrola, la gasista Gas Natural, la de abastecimiento de agua potable Aguas de Barcelona, la constructora FERROVIAL, la arrocera Ebro PULEVA, la de tecnología militar y de comunicaciones INDRA, la aseguradora MAPFRE, la de seguridad privada PROSEGUR, las hoteleras NH y Sol Meliá y la textil INDITEX (acusada por Brasil de usar incluso mano de obra esclava).

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Además, en la economía se produce un elevado volumen de exportación e importación de capital en comparación con el de mercancías, todo en correspondencia con dicha fase imperialista de desarrollo del capitalismo en dicho Estado. Estos monopolios financieros tienen además fuertes conexiones con otros monopolios similares a nivel internacional y están inextricablemente unidos por millones de hilos e intereses al propio Estado español, que funciona enteramente al servicio de aquellos, conformando por ello un capitalismo monopolista de Estado, que es la forma de imperialismo más elevada, en que los monopolios financieros se han fundido con el propio Estado, completando así una implacable dictadura burguesa de enorme eficacia en las labores de producción, acumulación y concentración de capital en manos de la burguesía, sobre todo del sector que constituye la oligarquía financiera más poderosa y desarrollada.

Además de esto, el Estado imperialista español está integrado en las estructuras imperialistas de la Unión Europea, subsidiarias a día de hoy en gran medida del imperialismo norteamericano, con el que al mismo tiempo compiten sin llegar a superarlo en cuanto a hegemonía en expolio de las masas trabajadoras del mundo y en el dominio político y estratégico de la mayor parte del planeta.

Debido, entre otros factores, al escaso desarrollo industrial actual del estado español, que le hace muy alejado de la autosuficiencia productiva y de posiciones hegemónicas a nivel internacional, su modelo imperialista está formado principalmente por empresas monopolistas de servicios, lo que le convierte en un imperialismo subsidiario de las asociaciones imperialistas de que forma parte, esto es, la U.E. y la O.T.A.N., de cuyas decisiones y participación depende en gran medida su funcionamiento. Por ello, la oligarquía financiera que domina el Estado es firme defensora de los intereses de las oligarquías de la U.E. y de los EE.UU. de Norteamérica, con los que están firmemente ligados los suyos propios.

Esta infraestructura económica de la sociedad española, determina los rasgos principales de su superestructura política, de las formas políticas concretas en que la oligarquía imperialista ejerce su poder sobre las masas trabajadoras del Estado español y de otros Estados, que en todo momento, desde la llamada “transición española a la democracia” se adaptan a las impuestas por las de la U.E. y las de los países de la O.T.A.N., con los EE.UU. de Norteamérica a la cabeza, sirviendo como instrumento político para el pacto entre clases y el mantenimiento de la “paz social”, no sólo entre proletariado y burguesía, sino también entre los diferentes sectores de la propia burguesía, tan necesaria a la burguesía para desarrollar sus planes de actividad de expolio y latrocinio sin sobresaltos ni incómodas “interferencias”. Y esta forma básica de dominación política burguesa es, en la actualidad, el modelo de monarquía parlamentaria, de carácter cada vez más bipartidista.

De este modo, políticamente, el Estado español adopta para ejercer la burguesía su dictadura de clase diversos elementos de democracia burguesa parlamentaria, como son un cierto pluralismo político más o menos amplio y “tolerante”, libertades formales de empresa y de mercado, libertades cívicas formales, elecciones “libres” periódicas a las cámaras del Parlamento, el Senado y las diferentes cámaras territoriales, separación formal de “los tres poderes” (legislativo, ejecutivo y judicial), etc., todo ello sancionado por una Constitución pretendidamente democrática. Así sigue en sus rasgos fundamentales el modelo político y económico de dominación burguesa de los demás Estados “de su entorno” desde que se dio por liquidado, por prácticamente las mismas oligarquías que lo impusieron en su día -a las que jamás se desplazó realmente del poder, de la dominación del Estado- el modelo fascista impuesto a sangre y fuego durante el franquismo.

Esta última peculiaridad del desarrollo político histórico del Estado español, en que la misma oligarquía que edificó un Estado fascista, se pone luego a la tarea de modernizarlo bajo formas “democráticas burguesas”, ha introducido también peculiaridades en la actual forma política del Estado, que inciden de manera directa, brutal y evidente en la forma en que ejerce la represión y coerción de la clase dominante sobre las masas para mantener el orden social bajo su control, que es la función esencial de todo Estado.

Un signo innegable del estrecho margen de “normalidad democrática burguesa” del modelo político del Estado español (herencia directa del período franquista) es que esas elecciones “libres” de la burguesía de dicho Estado ni siquiera han sido tales en el caso de Euskal Herria, donde movimientos políticos y sociales pequeño-burgueses han sido violentamente reprimidos e ilegalizadas sus formaciones políticas.

Por otro lado, está la forma particular en que se configura la representación institucional de los diferentes sectores de la burguesía del territorio plurinacional del Estado español, así como los frutos de los pactos con la aristocracia obrera.  Así se dota de una red, de equilibrio inestable y complejo, pero que se ha mantenido operativo hasta el momento sin amenazas serias, de parlamentos estatal y autonómicos, en que queda representado el bloque burgués hegemónico, constituido principalmente por la burguesía monopolista agrupada en los dos partidos mayoritarios (PP y PSOE), la burguesía nacional vasca (PNV), la burguesía nacional catalana (CiU) y la aristocracia obrera (PCE-IU y las estructuras sindicales de CC OO y UGT).

Lejos de haberse liquidado en su totalidad todos los fundamentos y mecanismos de poder fascista de la época franquista, en la llamada “transición” se procedió a transformarlos en unos más adecuados para la integración en las asociaciones imperialistas mencionadas más arriba, que las oligarquías necesitaban para seguir prosperando en su desarrollo imperialista y para la que las formas pura y abiertamente fascistas eran entonces un serio impedimento, por los corsés de restricciones que el modelo corporativista de Estado del franquismo y su funcionamiento por asignaciones de cotas de poder por “familias” (falangistas, militares, monárquicos, tecnócratas del Opus Dei, clero, etc.) eran un serio impedimento. Y lo eran para el desarrollo de dichas oligarquías tanto a nivel nacional (del interior del Estado) como a nivel internacional.

Esos planes de “modernización del Estado y del sistema productivo” tan necesarios para la oligarquía monopolista, se vieron matizados y precipitados en gran medida también por la presión creciente originada por la movilización de los sectores de las masas populares y de la burguesía no monopolista antifranquistas, tanto del interior como del exterior del Estado español, que forzaron tanto el ritmo como la naturaleza del proceso, que fue pactista por un lado y extremadamente violenta (llegando a producir centenares de muertos) por otro, en el que no se logró comprometer en la vía pactista a gran parte del independentismo de las naciones oprimidas del Estado español y a determinados sectores del movimiento comunista y del movimiento republicano.

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Esa fuerte presión (que, como acabamos de señalar, llegó a generar grandes dosis de violencia y de represión, mezcladas con la firma de grandes y numerosos pactos) amenazaba con conseguir que el control del proceso de cambio político se escapara de las manos de las oligarquías monopolistas, que se apoyaron en el Estado fascista del franquismo hasta ese momento y que necesitaban dirigirlo para salvaguardar sus intereses en adelante.

Así, en el proceso se suprimieron las principales ataduras de regulaciones estatales, el sindicato vertical y los sectores de la economía considerados obsoletos, ineficaces y poco rentables y se sustituyeron las instituciones y formas de dominación políticas más propias del fascismo por otras de carácter parlamentario, pero manteniendo varias que se consideraron esenciales para reproducir el orden social dentro de los cauces deseados por esas oligarquías, que no debemos jamás olvidar que eran las mismas que usaron del franquismo en su día para imponer de manera abiertamente terrorista y asesina (en vez de solapadamente y supuestamente legitimado por las urnas) su modelo de desarrollo social.

Los principales elementos de dominación política presentes en el franquismo que se consideraron no liquidables fueron: la Jefatura de Estado no electa -en manos, por derechos de herencia, de la saga monárquica de los Borbones restituida por el propio dictador y genocida Franco-, el Ejército como garante de la unidad indivisible e incuestionable del Estado-nación, la fuerte presencia e influencia de la Iglesia Católica en la vida social, amparada por el Estado, los cuerpos represivos o “de seguridad del estado” (que, al igual que el Ejército, jamás fueron depurados de sus mandos, ideología y métodos fascistas, que se han ido perpetuando, adaptados formalmente a la “modernidad”) y el Tribunal de Orden Público (auténtico tribunal político fascista), que tomó el nombre de “Audiencia Nacional” y que goza de un peso y protagonismo actuales gigantescos en el orden jurídico.4

Todo ello ha conformado un Estado español que podríamos caracterizar de imperialista, subsidiario de la U.E. y de la OTAN, monárquico y parlamentario, pero con enormes carencias democráticas en comparación con los demás Estados de “su entorno”, que lo hacen extremadamente represor de todo movimiento y organización de masas que cuestione o ponga en riesgo, por mínimo que este sea, el modelo social surgido de “la transición”, un modelo fuertemente explotador de las masas trabajadoras y opresor de todo tipo de derechos y avances sociales básicos, que va liquidando con gran rapidez e impunidad en favor de la oligarquía financiera, que realiza su dictadura de clase por medio de este Estado burgués  tan peculiar, antiobrero, represor e inhumano que es el Estado español.

2. La represión del Estado en todos sus ámbitos

Desde que el 29 de diciembre de 1978 la Constitución española formalizara el cambio de fachada política de la burguesía española (que pasaba, así, de disponer de un aparato estatal fascista a dotarse de un marco jurídico y político de democracia burguesa sui generis), el conjunto de los instrumentos represivos de los que se dota cualquier Estado burgués se han ido perfeccionando en el «Reino de España».

Al contrario de lo que sostienen los distintos demócratas defensores a capa y espada de este orden depredador y de su Estado de clase, la represión en el Estado español no ha ido disminuyendo desde el fin del régimen fascista de Franco. Bien al contrario, dicha represión se ha intensificado y ha conformado un nuevo andamiaje legal y político que trata de legitimar un sistema como el capitalista (sistema que, sea cual sea el formato político de que se dote su Estado, se basa en la época del imperialismo en la violencia, la opresión y la dictadura del capital financiero sobre el proletariado).

En el caso del Estado español, como ya hemos comentado al caracterizarlo económica y políticamente, las distintas fracciones de la clase dominante (el capital monopolista español, las diversas burguesías monopolistas nacionales, la aristocracia obrera y un sector de la burguesía no monopolista)  fraguaron su alianza de poder dentro del marco estatal existente.

Este pacto entre caballeros comenzó a hacer aguas cuando la crisis de 2007 golpeó de manera brutal al proletariado y a las capas medias del Estado español. Fue entonces cuando una de las grandes burguesías monopolistas del Estado, la catalana, lanzó lo que los voceros mediáticos del gran capital español llamaron «órdago nacionalista a España». Esta operación política de propuesta de «consulta sobre el derecho a decidir del pueblo catalán» ha sido la manifestación más clara de las pugnas interburguesas en el seno del Estado español durante los últimos 30 años. Detrás de la cortina de humo de este movimiento fundamentalmente promovido por el gran capital catalán (con gran parte de la mediana y pequeña burguesía a rebufo de los Rodés, los Godó o los Andic), se ve claramente la intención del capital financiero catalán de soltar «lastre», es decir, de disfrutar básicamente de un régimen impositivo en igualdad de condiciones que la burguesía monopolista vasca.

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El otro gran frente que se le abrió a la gran burguesía del Estado, y que ha modificado sustancialmente las condiciones en que las diferentes fracciones dominantes acceden al pastel español, fue la ruptura de la alianza entre el capital financiero y la aristocracia obrera, que se materializó durante la última legislatura del PSOE con los nuevos planes de la burguesía monopolista (profundizados por el Gobierno del PP) consistentes en erosionar y debilitar la base social de la aristocracia obrera y el poder de negociación de su tejido burocrático.

Hay que tener en cuenta que, sin entender la naturaleza de clase del Estado español, es imposible entender el porqué de una dinámica cada vez más represiva, que obviamente se acentúa en esta época de crisis económica y creciente conflictividad proletaria.

Primeramente, prestemos atención a varios datos muy significativos sobre el panorama represivo en España.

-Según ha confirmado la Policía Nacional el 2 de diciembre, esta destinará nada más y nada menos que 2.200 agentes a la denominada Unidad de Prevención y Reacción (UPR). Esta Unidad será un «complemento» de la Unidad de Intervención Policial (UIP), conocida por la brutalidad con que reprime en las manifestaciones y protestas de todo tipo.

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-Además del millar de presos políticos que existen en España (sobre todo del MLNV y, en menor medida, del PCE(r), los GRAPO, grupos anarquistas e independentistas galegos -una buena parte de todos ellos en prisión pese a no haber participado en acciones armadas-), las cárceles españolas (de las más superpobladas de toda Europa) comienzan a albergar a cada vez más personas que son detenidas en el curso de protestas callejeras y son encarceladas de manera «preventiva» durante meses (como ocurrió con los estudiantes detenidos en la huelga general del 29-M y exactamente igual que ha sucedido con Alfon, el joven vallecano detenido el 14-N, el último paro-pantomima de la aristocracia obrera, quien ha sido víctima de un burdo montaje policial y que se encuentra encarcelado e incluso en régimen de aislamiento en un módulo FIES-5).

-El marco legal que da cobertura a los últimos encarcelamientos es el marco recién creado por el Gobierno español en materia de reforma del Código Penal. Merced a esta reforma, se endurecen las figuras penales relativas a los delitos de atentado, resistencia y desobediencia a la autoridad, además del de alteración del «orden público». Se instaura también la “prisión a perpetuidad revisable“, lo que incluso vulnera el ordenamiento jurídico español (el mismísimo Consejo General del Poder Judicial ha declarado que la reforma del Código Penal de Gallardón es inconstitucional). Por otro lado, el delito de resistencia pasiva se mantiene penado con entre seis meses y un año de cárcel.

-Toda esta nueva legalidad se suma a la ya existente en el Estado español con la Ley de Partidos (vigente desde 2002), que permite dejar fuera de la ley a toda aquella organización que «ampare el terrorismo» y que, a efectos prácticos, reduce los ya de por sí estrechos márgenes de denuncia que tiene el proletariado en las instituciones democrático-burguesas del Estado español. La legislación española permite, además, que una persona pueda ser detenida durante cinco días en los que la tortura y los malos tratos son una práctica muy habitual. Por último, la Audiencia Nacional (heredera directa del Tribunal de Orden Público) es el órgano judicial encargado de los juicios políticos sumarísimos contra todos aquellos que desafíen la «violencia legítima» del Estado. Es el mismo alto órgano judicial del Estado burgués que, «por error», absuelve al capitalista y mafioso chino Gao Ping; el mismo órgano que archiva, a mediados de 2012, la causa contra el faraón Botín, representante de la gran familia española del capital financiero.

-Organismos de «derechos humanos» como Amnistía Internacional (organización poco sospechosa de ser revolucionaria; de hecho, es un puntal más, en este caso democrático, del orden imperialista) llevan años demostrando en sus informes que en el Estado español la violencia estatal en el transcurso de manifestaciones, detenciones y reclusiones en centros penitenciarios y en los siniestros Centros de Internamiento de Extranjeros es de proporciones muy elevadas. Todas las personas que mueren o sufren secuelas físicas y psíquicas graves son el tributo de sangre que el Estado burgués se cobra en tiempos de paz.

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-Una clara muestra del carácter sui generis de la democracia burguesa española es la total impunidad de que gozan los elementos de los cuerpos represivos que son acusados -y lo que es peor: condenados en firme- de torturas y malos tratos. Según publica La Voz de Galicia el 2 de diciembre, el Gobierno de la Generalitat catalana pactó con el Gobierno español (no sabemos con qué contrapartidas) el perdón a los mossos condenados por torturas.

-La misma impunidad de la que han disfrutado estos mossos la tuvieron aquellos que fueron acusados de participar en los GAL (el grupo paramilitar financiado por el Estado español que cometió 27 asesinatos), de los cuales solo dos permanecen en prisión (por supuesto, ningún alto mando o cargo de los aparatos del Estado permanece entre rejas por tales crímenes).

-Según datos oficiales, 24 personas han perdido la visión en un ojo por el impacto de una bala de goma desde 1990. Como no podía ser de otra manera en una dictadura de clase que protege fielmente a sus perros de presa, ningún elemento de los cuerpos represivos ha sido condenado. De hecho, la última vez que un juez se ha pronunciado en España en este sentido ha sido para sobreseer un caso de pérdida de visión en un ojo «por falta de pruebas», el de la compañera Ester Quintana en Barcelona.

Repasada esta realidad que aún hay quien se niega a ver y denunciar, es imprescindible saber hilvanar todos estos datos que, a ojos de quienes ven la sociedad con las lentes de la burguesía, pueden parecer inconexos pero que, en realidad, forman parte de un todo que conforma la única realidad política que puede existir en el marco de una dictadura de clase como la burguesa.

La represión que el Estado capitalista ejerce contra todos aquellos que, al margen de que tengan una línea política revolucionaria o no, cuestionan el monopolio de la violencia del Estado, desafían la legalidad burguesa o simplemente son víctimas de brutalidad policial en manifestaciones, huelgas o protestas «permitidas», no tiene absolutamente nada que ver con qué personas ostenten los cargos de delegado del Gobierno o de ministro del Interior; tampoco está relacionada con el Partido que forme el Gobierno «nacional». En realidad, el Estado burgués es una máquina represiva que tiene como cometido el de sostener, mediante el uso de la violencia, el orden capitalista que lo engendra.

Si el Estado español cada vez reprime más, no es porque esté ahora en el Gobierno el PP (este canto de sirena no solo es repetido por elementos afines al PSOE, sino hasta por organizaciones como IU y grupúsculos revisionistas varios), sino porque la burguesía, en tiempos de crisis económica y social, se quita la careta pacífica -que exhibe en momentos de relativa paz social– y comienza a hablar el único y verdadero lenguaje que domina a la perfección: el de la violencia, la represión y el terror.

3. La solidaridad contra la represión del Estado capitalista y el devenir del movimiento revolucionario

En un sistema como el capitalista, la violencia ejercida por el Estado burgués es sistemática y alcanza cotas progresivamente mayores en términos históricos, aunque haya periodos en que la represión se “suaviza” por ausencia de un referente revolucionario real. Para el proletariado revolucionario, la solidaridad ante los ataques de la maquinaria represiva estatal es un arma indispensable, no solo para denunciar la política represiva de la clase dominante y apoyar a los represaliados, sino fundamentalmente para fortalecer el movimiento revolucionario y contribuir a su éxito a pesar de los golpes del capital y su Estado.

El Estado español -del que ya hemos analizado su naturaleza política y económica en los dos puntos anteriores- es un ejemplo muy claro de que, en el marco del sistema de explotación capitalista y del reforzamiento del aparato estatal español, heredado del régimen fascista y modernizado por los motivos que ya expusimos, la política real es la de la violencia institucionalizada, la política de criminalización y la represión creciente contra cualquier organización o movimiento que trate de resquebrajar su armazón social, económico o político.

Tras décadas perfeccionando su maquinaria represiva contra el Movimiento de Liberación Nacional Vasco (un movimiento, del que nos ocuparemos en otro trabajo, que jamás ha supuesto un desafío al orden burgués, sino al entramado estatal de la burguesía monopolista española, y que ha sido y es la expresión de la pequeña burguesía y una fracción de la burguesía no monopolista de Euskal Herria), el Estado español ha conseguido engrasar los pistones de su propio aparato represivo en el nuevo contexto de crisis económica y social que vive España, doblegando para ello a todos aquellos elementos que, aun estando encuadrados en movimientos pequeño-burgueses como el 15-M, han sido represaliados de las más diversas maneras (encarcelamientos, sanciones diarias, seguimientos policiales, etc.).

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Los ejemplos del MLNV (ahora ya completamente domesticado por un Estado que ha sabido derrotarlo política y militarmente tras más de cinco décadas de conflicto) y del 15-M demuestran que el Estado no reprime solamente al movimiento revolucionario y comunista, el único que puede destruirlo realmente y construir el nuevo poder de las masas explotadas. Esto es fundamental entenderlo, ya que en ocasiones muchos militantes del Movimiento Comunista del Estado español han tendido a pensar que el Estado solo reprime y encarcela a quienes están por la destrucción revolucionaria del capitalismo. Esto es rotundamente falso y el hecho de que el mayor número de represaliados y encarcelados corresponda a un movimiento nacionalista y pequeño-burgués como el abertzale (o el caso de menor incidencia de los independentistas galegos presos en mazmorras del Estado español) lo confirma de manera clara.

Si el Estado español ha combatido y combate (haciendo uso incluso de la guerra sucia y de tácticas que vulneran el ordenamiento jurídico burgués, como sucede con los casos de torturas y malos tratos recurrentes a detenidos y encarcelados) a movimientos de tipo independentista, es simple y llanamente porque la estructura jurídico-institucional de la que se ha dotado la gran burguesía del Estado no puede permitir que se debilite su gran instrumento de gestión y defensa de sus intereses. Pero estos movimientos no tienen ni tuvieron nunca un componente proletario, internacionalista o revolucionario. Por tanto, hay que dejar muy claro que el Estado burgués no reprime exclusivamente a quienes defienden, desde diferentes posiciones, los intereses de clase del proletariado revolucionario.

Un análisis particular merece la situación de los anarquistas represaliados por el Estado español. El anarquismo, que firmó su acta de defunción en España en el momento en que demostró, durante la guerra civil revolucionaria, que no se puede renunciar al poder sin cedérselo a la burguesía, está muy debilitado y su influencia entre el proletariado es prácticamente inexistente, a excepción del sindicato ultraminoritario CNT. Los anarquistas que se encuentran presos en el Estado español lo están por su relación con la práctica insurreccionalista, una tendencia exportada desde Italia en un momento en que eclosionan todas las variantes del izquierdismo marxista y no marxista en el país transalpino. Esta tendencia, claramente enfrentada a la anarcosindicalista, postula que los explotados (los insurreccionalistas son reticentes incluso detractores del lenguaje revolucionario y de clase, eludiendo o rechazando hablar de “proletarios”) deben destruir el poder del capital mediante la libre asociación de células y órganos “autónomos” sin estructura centralizada y que dispongan de plena autonomía para “actuar” donde consideren conveniente.

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Dentro del Movimiento Comunista del Estado español, son los presos del PCE(r), GRAPO y SRI los que han sido más violentamente reprimidos por la maquinaria represiva del Estado burgués. El caso más conocido y grave es el de Manuel Pérez Martínez, Camarada Arenas, secretario general del Partido, que ha sido condenado a cadena perpetua real sin haberse demostrado su implicación en acción armada alguna. En este sentido, ocurre lo mismo que con todos aquellos presos del mundo abertzale, que son mantenidos en prisión solo por haber participado en movimientos sociales y políticos de corte independentista. En el caso de los presos comunistas, cualquier revolucionario tiene el deber político y moral de solidarizarse con estos camaradas, denunciando la represión sistemática del Estado contra estas organizaciones. Esto no significa, ni mucho menos, compartir la línea ideológica de esta organización política (ni compartimos su caracterización política del Estado español, ni concordamos en las tareas actuales de la vanguardia comunista y en la forma en que debe reconstituirse el Partido revolucionario de la clase obrera). Pero la solidaridad revolucionaria y proletaria es precisamente solidaridad por encima de siglas o líneas que podamos considerar erróneas en aspectos fundamentales.

La cuestión de la naturaleza represiva del Estado español es fundamental para la conformación de un nuevo movimiento comunista que sea capaz de generar las condiciones para la nueva constitución del Partido Comunista, es decir, de la fusión y síntesis superior del movimiento de masas y la vanguardia revolucionaria. Sumándonos a la iniciativa de aquellos grupos de camaradas que ya vienen planteando abiertamente la necesidad de la lucha de líneas en el seno del movimiento comunista en el Estado como única forma para depurarlo de toda forma de revisionismo, desde este espacio de debate y lucha ideológica consideramos que la lucha contra la represión del Estado capitalista en cualquiera de sus variantes y por la solidaridad con los represaliados, debe ir indisolublemente unida a la lucha por la implantación del marxismo-leninismo en la vanguardia ideológica como paso previo para poder conformar el Partido de Nuevo Tipo.

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