Apuntes sobre represión, capitalismo y vanguardia revolucionaria en el Estado español (II): La represión del Estado en todos sus ámbitos.

Desde que el 29 de diciembre de 1978 la Constitución española formalizara el cambio de fachada política de la burguesía española (que pasaba, así, de disponer de un aparato estatal fascista a dotarse de un marco jurídico y político de democracia burguesa sui generis), el conjunto de los instrumentos represivos de los que se dota cualquier Estado burgués se han ido perfeccionando en el «Reino de España».

Al contrario de lo que sostienen los distintos demócratas defensores a capa y espada de este orden depredador y de su Estado de clase, la represión en el Estado español no ha ido disminuyendo desde el fin del régimen fascista de Franco. Bien al contrario, dicha represión se ha intensificado y ha conformado un nuevo andamiaje legal y político que trata de legitimar un sistema como el capitalista (sistema que, sea cual sea el formato político de que se dote su Estado, se basa en la época del imperialismo en la violencia, la opresión y la dictadura del capital financiero sobre el proletariado).

En el caso del Estado español, como ya hemos comentado al caracterizarlo económica y políticamente, las distintas fracciones de la clase dominante (el capital monopolista español, las diversas burguesías monopolistas nacionales, la aristocracia obrera y un sector de la burguesía no monopolista)  fraguaron su alianza de poder dentro del marco estatal existente.

Este pacto entre caballeros comenzó a hacer aguas cuando la crisis de 2007 golpeó de manera brutal al proletariado y a las capas medias del Estado español. Fue entonces cuando una de las grandes burguesías monopolistas del Estado, la catalana, lanzó lo que los voceros mediáticos del gran capital español llamaron «órdago nacionalista a España». Esta operación política de propuesta de «consulta sobre el derecho a decidir del pueblo catalán» ha sido la manifestación más clara de las pugnas interburguesas en el seno del Estado español durante los últimos 30 años. Detrás de la cortina de humo de este movimiento fundamentalmente promovido por el gran capital catalán (con gran parte de la mediana y pequeña burguesía a rebufo de los Rodés, los Godó o los Andic), se ve claramente la intención del capital financiero catalán de soltar «lastre», es decir, de disfrutar básicamente de un régimen impositivo en igualdad de condiciones que la burguesía monopolista vasca.

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El otro gran frente que se le abrió a la gran burguesía del Estado, y que ha modificado sustancialmente las condiciones en que las diferentes fracciones dominantes acceden al pastel español, fue la ruptura de la alianza entre el capital financiero y la aristocracia obrera, que se materializó durante la última legislatura del PSOE con los nuevos planes de la burguesía monopolista (profundizados por el Gobierno del PP) consistentes en erosionar y debilitar la base social de la aristocracia obrera y el poder de negociación de su tejido burocrático.

Hay que tener en cuenta que, sin entender la naturaleza de clase del Estado español, es imposible entender el porqué de una dinámica cada vez más represiva, que obviamente se acentúa en esta época de crisis económica y creciente conflictividad proletaria.

Primeramente, prestemos atención a varios datos muy significativos sobre el panorama represivo en España.

-Según ha confirmado la Policía Nacional el 2 de diciembre, esta destinará nada más y nada menos que 2.200 agentes a la denominada Unidad de Prevención y Reacción (UPR). Esta Unidad será un «complemento» de la Unidad de Intervención Policial (UIP), conocida por la brutalidad con que reprime en las manifestaciones y protestas de todo tipo.

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-Además del millar de presos políticos que existen en España (sobre todo del MLNV y, en menor medida, del PCE(r), los GRAPO, grupos anarquistas e independentistas galegos -una buena parte de todos ellos en prisión pese a no haber participado en acciones armadas-), las cárceles españolas (de las más superpobladas de toda Europa) comienzan a albergar a cada vez más personas que son detenidas en el curso de protestas callejeras y son encarceladas de manera «preventiva» durante meses (como ocurrió con los estudiantes detenidos en la huelga general del 29-M y exactamente igual que ha sucedido con Alfon, el joven vallecano detenido el 14-N, el último paro-pantomima de la aristocracia obrera, quien ha sido víctima de un burdo montaje policial y que se encuentra encarcelado e incluso en régimen de aislamiento en un módulo FIES-5).

-El marco legal que da cobertura a los últimos encarcelamientos es el marco recién creado por el Gobierno español en materia de reforma del Código Penal. Merced a esta reforma, se endurecen las figuras penales relativas a los delitos de atentado, resistencia y desobediencia a la autoridad, además del de alteración del «orden público». Se instaura también la “prisión a perpetuidad revisable“, lo que incluso vulnera el ordenamiento jurídico español (el mismísimo Consejo General del Poder Judicial ha declarado que la reforma del Código Penal de Gallardón es inconstitucional). Por otro lado, el delito de resistencia pasiva se mantiene penado con entre seis meses y un año de cárcel.

-Toda esta nueva legalidad se suma a la ya existente en el Estado español con la Ley de Partidos (vigente desde 2002), que permite dejar fuera de la ley a toda aquella organización que «ampare el terrorismo» y que, a efectos prácticos, reduce los ya de por sí estrechos márgenes de denuncia que tiene el proletariado en las instituciones democrático-burguesas del Estado español. La legislación española permite, además, que una persona pueda ser detenida durante cinco días en los que la tortura y los malos tratos son una práctica muy habitual. Por último, la Audiencia Nacional (heredera directa del Tribunal de Orden Público) es el órgano judicial encargado de los juicios políticos sumarísimos contra todos aquellos que desafíen la «violencia legítima» del Estado. Es el mismo alto órgano judicial del Estado burgués que, «por error», absuelve al capitalista y mafioso chino Gao Ping; el mismo órgano que archiva, a mediados de 2012, la causa contra el faraón Botín, representante de la gran familia española del capital financiero.

-Organismos de «derechos humanos» como Amnistía Internacional (organización poco sospechosa de ser revolucionaria; de hecho, es un puntal más, en este caso democrático, del orden imperialista) llevan años demostrando en sus informes que en el Estado español la violencia estatal en el transcurso de manifestaciones, detenciones y reclusiones en centros penitenciarios y en los siniestros Centros de Internamiento de Extranjeros es de proporciones muy elevadas. Todas las personas que mueren o sufren secuelas físicas y psíquicas graves son el tributo de sangre que el Estado burgués se cobra en tiempos de paz.

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-Una clara muestra del carácter sui generis de la democracia burguesa española es la total impunidad de que gozan los elementos de los cuerpos represivos que son acusados -y lo que es peor: condenados en firme- de torturas y malos tratos. Según publica La Voz de Galicia el 2 de diciembre, el Gobierno de la Generalitat catalana pactó con el Gobierno español (no sabemos con qué contrapartidas) el perdón a los mossos condenados por torturas.

-La misma impunidad de la que han disfrutado estos mossos la tuvieron aquellos que fueron acusados de participar en los GAL (el grupo paramilitar financiado por el Estado español que cometió 27 asesinatos), de los cuales solo dos permanecen en prisión (por supuesto, ningún alto mando o cargo de los aparatos del Estado permanece entre rejas por tales crímenes).

-Según datos oficiales, 24 personas han perdido la visión en un ojo por el impacto de una bala de goma desde 1990. Como no podía ser de otra manera en una dictadura de clase que protege fielmente a sus perros de presa, ningún elemento de los cuerpos represivos ha sido condenado. De hecho, la última vez que un juez se ha pronunciado en España en este sentido ha sido para sobreseer un caso de pérdida de visión en un ojo «por falta de pruebas», el de la compañera Ester Quintana en Barcelona.

Repasada esta realidad que aún hay quien se niega a ver y denunciar, es imprescindible saber hilvanar todos estos datos que, a ojos de quienes ven la sociedad con las lentes de la burguesía, pueden parecer inconexos pero que, en realidad, forman parte de un todo que conforma la única realidad política que puede existir en el marco de una dictadura de clase como la burguesa.

La represión que el Estado capitalista ejerce contra todos aquellos que, al margen de que tengan una línea política revolucionaria o no, cuestionan el monopolio de la violencia del Estado, desafían la legalidad burguesa o simplemente son víctimas de brutalidad policial en manifestaciones, huelgas o protestas «permitidas», no tiene absolutamente nada que ver con qué personas ostenten los cargos de delegado del Gobierno o de ministro del Interior; tampoco está relacionada con el Partido que forme el Gobierno «nacional». En realidad, el Estado burgués es una máquina represiva que tiene como cometido el de sostener, mediante el uso de la violencia, el orden capitalista que lo engendra.

Si el Estado español cada vez reprime más, no es porque esté ahora en el Gobierno el PP (este canto de sirena no solo es repetido por elementos afines al PSOE, sino hasta por organizaciones como IU y grupúsculos revisionistas varios), sino porque la burguesía, en tiempos de crisis económica y social, se quita la careta pacífica -que exhibe en momentos de relativa paz social– y comienza a hablar el único y verdadero lenguaje que domina a la perfección: el de la violencia, la represión y el terror.

Tercera y última parte

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